Puebla como escenario de guerra permanente.

En colaboraciones anteriores he argumentado que lo que estamos viviendo en México es un conflicto interno prolongado cuyo objetivo es la apropiación de los bienes comunes en beneficio de intereses privados a través de distintos mecanismos de control y violencia institucional y estructural que poco a poco destruyen el tejido de la sociedad dejándola a merced del gran capital. Cualquier grupo social que se resista al despojo de sus ámbitos de vida es el enemigo interno que justifica el estado de guerra. El Estado mexicano, en este escenario, ha asumido las tareas de control y seguridad que garanticen el libre flujo del capital nacional e internacional a lo largo, ancho y profundo de nuestro territorio. En esta democracia capitalista realmente existente el estado está aliado, sino es que subsumido, a los intereses de los mercados legales o ilegales incluso a costa de los derechos humanos y ámbitos de vida de los ciudadanos.

Aunque la guerra permanente en México sucede simultáneamente en distintos escenarios, desde Michoacán, Tamaulipas y Guerrero hasta la sede del poder legislativo federal que a través de sus reformas ha legalizado tanto los despojos de los bienes comunes como el espionaje y criminalización a los ciudadanos, el estado de Puebla muy probablemente sea el ejemplo más claro de lo aquí expuesto.

Después de 8 décadas ininterrumpidas de gobiernos priístas, la anhelada alternancia llegó a Puebla a través de Rafael Moreno Valle y de una oportunista alianza entre el PAN, el PRD y el elbista Nueva Alianza. Desde su llegada a la gubernatura en 2011, Rafael Moreno Valle ha gobernado autoritaria y despóticamente, controlando tanto al congreso local como a los medios de comunicación del estado, despilfarrando los recursos en obras magnánimas utilizadas para promocionar su imagen en horario estelar en las telenovelas del canal de las estrellas. Además, Moreno Valle impulsó la eufemísticamente llamada Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte del Elementos Policiacos del Estado, esa misma que la vox populli bautizó como #LeyBala, para poder controlar a punta de balazos a quienes cuestionen o protesten contra sus políticas. Esta ley malparida cobijó la operación policial contra la población de San Bernardino Chalchihuapan, sí, esa operación en la que fue asesinado por un impacto de bala de goma José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años. Para el gobierno de Moreno Valle no es suficiente asesinar legalmente, sino que ha operado todo el aparato estatal para criminalizar a la comunidad de San Bernardino llegando al insultante extremo de afirmar que José Luis Alberto fue utilizado como escudo humano por su madre. Miles de pesos ha gastado Moreno Valle en campañas mediáticas que insisten en que la policía no utilizó balas de goma – aunque haya costales llenos de éstas en San Bernardino- y que la onda expansiva de un cohetón fue lo que ocasionó la muerte del niño José Luis.

Si asesinar no fuera suficiente, más de un centenar de personas –ese enemigo interno necesario en la guerra permanente- han sido detenidas durante su gobierno por protestar contra sus políticas de privatización del agua y de despojo a través de los megaproyectos articulados en el Proyecto Integral Morelos.

Ya dirán los politólogos por qué la alternancia en Puebla debilitó la democracia y los derechos humanos a la par que reforzó el autoritarismo y despotismo con el que ha ejercido esta guerra Moreno Valle. En mi opinión, él simplemente, está trabajando en su precamapaña presidencial para administrar lo que nos quede de México en 2018.  

Presos políticos y la dominación de espectro completo

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Presos políticos y la dominación de espectro completo

Editorial para Zigma en la Política del 9 de julio de 2014

Pablo Reyna Esteves (@preynae)

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Diversos académicos y miembros de organizaciones sociales han descrito la situación actual de México como la de un país en un estado de guerra permanente^[1] o guerra infinita^[2]. Ana Esther Ceceña, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en un reciente ensayo titulado Los golpes de espectro completo, caracteriza esta guerra como un conflicto interno prolongado que “da paso al saqueo, estimula una variedad de negocios (armas, drogas, alimentos, trata de personas, mercenarismo y muchos otros) y permite un control no legitimado sobre las poblaciones porque se ejerce en condiciones de excepción.”^[3] La guerra permanente tiene por objetivo la apropiación de los bienes comunes en beneficio de intereses privados, dejando a su paso sociedades rotas, incapaces de resistir por periodos prolongados. Las características de esta dominación de espectro completo, desarrolla Ceceña, son la simultaneidad, la impunidad y el avasallamiento.

La simultaneidad tiene por objetivo desgastar todos los ámbitos de la vida social a través de múltiples mecanismos aplicados al mismo tiempo. Esto genera en la sociedad tanto desconcierto como respuestas fragmentadas y desorganizadas. El tsunami de reformas estructurales impulsadas cupularmente en México tiene que ser entendido en esta lógica. En meses recientes las reformas laboral, fiscal, educativa, energética y de telecomunicaciones han arrebatado derechos sociales y limitado los márgenes de maniobra de la sociedad.

La imperante impunidad en México invalida los referentes de justicia a través de la ostentación de comportamientos ilegales, hasta que ya no es posible distinguir entre el estado de derecho y el crimen, generando –objetiva y subjetivamente- un estado de indefensión de la sociedad frente al triunvirato del estado, narco y empresas trasnacionales.

A través del avasallamiento, tercer elemento desarrollado por Ceceña,  se busca ampliar la dominación a través del uso de fuerza desproporcionada y arrasadora frente a todas aquellas personas o colectivos, por muy pequeños que sean, que puedan resistir las políticas de estado y de intereses del mercado. En México se ha normalizado el despliegue del ejército, la marina y paramilitares no sólo en los territorios disputados a la delincuencia organizada, sino también en aquellos territorios estratégicos para el capital trasnacional.  Los pueblos, organizaciones, comunidades y personas que se organizan y resisten para evitar el despojo de sus ámbitos de vida son el objeto de la violencia avasalladora, reforzada, también, por la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias, agresiones físicas e incluso la muerte violenta de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

Son decenas de defensores comunitarios que han sido apresados en los últimos meses tanto en Michoacán como en Puebla, Morelos y Guerrero. Para muestra baste nombrar a José Manuel Mireles de Michoacán; Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón presos políticos en Puebla por defender la voluntad de sus pueblos frente al Proyecto Integral Morelos; en Guerrero son emblemáticas las detenciones de Nestora Salgado, líder comunitaria de Olinalá, y Marco Antonio Suástegui, vocero y líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota.

Sirva, pues, esta editorial para exigir libertad de todas y todos aquellos presos políticos por defender sus territorios y ámbitos de vida.

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[1] Zibechi, Raúl, (2014) “Defendernos colectiva y comunitariamente”, La Jornada, 18 de abril de 2014. Disponible en línea: http://www.jornada.unam.mx/2014/04/18/opinion/036a1pol

[2] Ceceña, Ana Esther, (2014) “Los golpes de espectro completo”, en ALAI América Latina en Movimiento,mayo de 2014. Disponible en línea: http://alainet.org/active/73900

[3] Idem

Diversidades sexuales…

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Diversidades sexuales…

Editorial para Zigma en la Política del 25 de junio de 2014

Pablo Reyna Esteves (@preynae)

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Tanto las declaraciones donde el senador panista José María Martínez, presidente de la nueva Comisión para la Familia y el Desarrollo Humano, afirma que los matrimonios gay son una moda, que no constituyen una familia o que no deberían de poder adoptar; así como los dimes y diretes provocados por el grito que la afición mexicana ha hecho famoso durante el mundial de futbol exhiben a la sociedad mexicana tal cual es: homofóbica, machista, misógina, discriminadora.

Sí. Este país es homofóbico, misógino, clasista, racista, violento. Las argumentaciones decimonónicas del senador Martínez y las que comparan el grito futbolero con una tradición de relajo tiran la piedra y esconden la mano. Callan frente a los feminicidios en Juárez, en el Estado de México. Voltean a otro lado frente a los crímenes de odio contra personas que reivindican sus diversidades sexogenéricas. Son parte del 40 % de mexicanas y mexicanos que no están dispuestos a vivir con una persona gay.

De mi parte, aprovecho para pensar, para pensarme. Aprovecho para aprender que mi identidad sexogenérica de hombre heterosexual no es la única y que, aunque no lo quiera ver, social e históricamente se le ha construido con privilegios sobre las mujeres, las y los homosexuales, las y los transgénero, las y los demás. Aprovecho para afirmar que mi identidad es una red compleja donde confluyen muchas líneas, entre ellas lo femenino. Que mis palabras son enunciadas y mis prácticas realizadas desde este lugar de privilegios y que, aunque no lo quiera ejerzo violencias que para mi pueden ser invisibles o insignificantes. Manifiesto que cuando veo en la calle a dos hombres besándose sigo volteando a ver, sigo sintiendo que algo en mi se trastoca, que algo en mi tiene que ser derribado y ampliado a las diversidades del mundo. Digo, también, que apenas y voy conociendo la profundidad de los feminismos incluyentes, de la amplísima gama sexo-genérica que forma parte de lo que somos como humanos.

Digo, también, que no podemos seguir cerrando los ojos frente a todo lo diferente mientras callamos ante las violencias diarias, cotidianas, pero también estructurales y culturales. Y si mi yo hombre heterosexual debe ser repensado en relación con las diversidades sexogenéricas, también deben serlo nuestras instituciones, medios de comunicación, universidades y estados. Y, tal vez sea poco, pero empecemos por vernos en el espejo que el exhibicionismo decimonónico y futbolero nos ha puesto de frente para dejar de negar nuestros privilegios, contradicciones, violencias asentadas en un sistema heteropatriarcal excluyente.

Si el hambre es violencia, la comida es arma de control.

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Si el hambre es violencia, la comida es arma de control.

Editorial para Zigma en la Política del 11 de junio de 2014

Pablo Reyna Esteves (@preynae)

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A año y medio de su lanzamiento y en el contexto del Mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el gobierno federal decidió que fuera Guachochi, un municipio de la Sierra Tarahumara, el escenario para lanzar discursos triunfalistas en relación con la política social sexenal. Mientras en un Guachochi cercado y militarizado relucían promesas como si estuviéramos de nuevo en campaña electoral, a la ciudad de México llegaba la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, conformada por 50 gobernadores y líderes rarámuri. Ante representantes del Senado, la SCJN y el Tribunal Agrario, denunciaron las violaciones sistemáticas a sus derechos al territorio, a la consulta libre, previa e informada, además de dar testimonio de las condiciones de violencia, guerra y despojo en que viven. Sin el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas – sentenciaron – “ni con 100 cruzadas contra el hambre podrá mejorar nuestra situación que hoy vivimos”.

Atrás de los spots cuidadosamente producidos, los retratos del presidente dejándose abrazar por mujeres, niñas y niños en escenarios rurales y la repetición de slogans que reiteran la promesa de arrancar de condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria a 7.4 millones de mexicanos, la Cruzada contra el Hambre deja muchas dudas. No hay claridad de los objetivos, alcances, diseño y evaluación de la estrategia. No sabemos por qué se eligieron los municipios que se eligieron para ser atendidos, ni cómo se canalizan los recursos. Tampoco hay padrones de beneficiarios y del ejercicio presupuestal en los municipios seleccionados. Sabemos, solamente, las cifras que permiten al gobierno dar propaganda a la marca de la Campaña contra el Hambre…

Más allá de estas lagunas de información y trasparencia que despiertan serias dudas sobre la Cruzada, hay un debate de fondo. Las políticas económicas neoliberales impulsadas en México desde hace treinta años han dejado un saldo de más de 50 millones de pobres según el Coneval, una lacerante desigualdad, un magro crecimiento económico y una guerra por el control de los mercados ilegales. En los planteamientos neoliberales, la pobreza debe ser atendida con programas focalizados a disminuir los desastres que la política económica general ocasiona. Este modelo económico cuyo objetivo es la acumulación, el crecimiento y la concentración del capital no solamente genera pobres, sino que los necesita como mano de obra barata. El despojo de los modos y medios de subsistencia de millones de personas permiten que un puñado de mexicanos sea incluido año tras año en las listas de los más ricos del mundo. En este marco, la Cruzada contra el Hambre es solamente un paliativo a lo que Victor Quintana, articulista de La Jornada, ha nombrado “una verdadera cruzada por el hambre” impulsada a través de las reformas estructurales. Más tarda la Sedesol en rescatar a algunos de la pobreza extrema, cuando las políticas económicas del gobierno en turno están ya produciendo más.

Así, sí reconocemos que el empobrecimiento y el hambre de millones son una forma de violencia estructural, nos quedará claro entonces, que en México, la comida es un arma definitiva de control y “ni con 100 cruzadas contra el hambre podrá mejorar nuestra situación que hoy vivimos”.

¿Qué derecho nos arrebatarán el día de hoy?

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¿Qué derecho nos arrebatarán el día de hoy?

Editorial para Zigma en la Política del 21 de mayo de 2014

Pablo Reyna Esteves (@preynae)

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En México estamos presenciando una constante y sistemática pérdida de derechos. No solamente enfrentamos las consecuencias de una guerra cuyo objetivo de controlar los mercados ilegales de la droga se extiende día a día al resto de los territorios, derechos y ámbitos comunitarios y sociales de este país.  Una guerra, que si nos atenemos a las cifras presentadas  el día de ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene un saldo de 25,000 desaparecidos y 250,000 desalojados de sus lugares de origen en menos de 10 años. Esto equivale a 7 desaparecidos y alrededor de 70 desalojados cada día desde su inicio en 2005.

Por si esto fuera poco, el regreso del PRI a Los Pinos se ha caracterizado por mover a México a espaldas de la ciudadanía, desde cúpulas amuralladas a las que solamente tienen acceso aquellos dispuestos a pactar por México. Un gobierno que mira súbditos en aquellos a los que supuestamente representa; súbditos cuyo único papel y derecho es el de ver y callar la profundización de las desigualdades sociales y la concentración del poder y riquezas en una absoluta minoría. La simple posibilidad de que alguien pregunte, denuncie, difunda o se organice son para el estado lujos que no puede permitirse; amenazas de las cuales hay que defender al estado con control, censura, silenciamiento y seguridad.

En semanas recientes hemos presenciado cómo en distintas partes del país se han presentado iniciativas de ley que, por nuestra seguridad –así dicen ellos-, pretenden llevar a la ilegalidad la protesta social y el uso de los espacios públicos. En Quintana Roo, el Distrito Federal, Chiapas y Puebla ya han sido aprobadas las leyes que restringen el derecho a protestar. Las restricciones van desde el establecimiento de horarios, permisos, la prohibición para utilizar vialidades primarias hasta el uso de la fuerza pública para desalojar las manifestaciones y, como en Puebla, la posibilidad de utilizar fuerza letal. Los argumentos legales  se caracterizan por haber sido aprobados sin mayor discusión en los congresos y por el uso de un lenguaje vago y ambiguo para que discrecionalmente las autoridades, según el caso, decidan qué es y qué no una “perturbación de la paz y tranquilidad de la población” o cuándo una manifestación es “ilícita”, “un factor de riesgo", “violenta” o pone una amenaza a “la estabilidad” social.

Estas leyes no solamente restringen un derecho, además trasmiten un mensaje claro a los ciudadanos para inhibir cualquier participación social. ¿Por qué será que en Quintana Roo, Chiapas, Puebla y el Distrito Federal están tan interesados en que la ciudadanía se desmovilice? ¿Será acaso que Moreno Valle, gobernador de Puebla, ya se cansó de que la resistencia que comunidades han dado a su proyecto de gasoducto en la Sierra le sean una piedra en el zapato para su sueño de ser el primer candidato príista que el PAN postule a la presidencia? ¿Será que el güero no quiere más bloqueos carreteros en Chiapas que le impidan ser el guapo de Televisa para el 2018? ¿O será que están previendo que en sus ejercicios de gobierno impulsarán proyectos, de infraestructura, tal vez, que serán tajantemente rechazados por los ciudadanos?

Así las cosas. En México estamos perdiendo nuestros derechos. Al paso que vamos no es ocioso que cada mañana al despertar nos preguntemos qué otro derecho nos arrebatarán el día de hoy.

Más notas sueltas sobre el 'Modelo Acteal'

El ataque paramilitar contra las bases de apoyo zapatistas del Caraol I de La Realidad opera de acuerdo al 'modelo Acteal'. ¿Qué implica el 'modelo Acteal'? Acá algunas notas sueltas para tratar de articular mi pensamiento.

1.       Es terrible leer Acteal como concepto de guerra paramilitar que implica el atizamiento de conflictos para atacar los procesos autonómicos.

2.       El ‘modelo Acteal’ utiliza los programas de asistencia social del gobierno para entrar a las comunidades y generar tensión entre las personas que deciden aceptar las ayudas y quienes las rechazan en pos de construir autónomamente su proceso. Lo que antes fue Solidaridad, hoy es Oportunidades.

3.       Los ‘conflictos intercomunitarios’ en el modelo Acteal implica que organizaciones respaldadas por alguno de los niveles del gobierno institucional inicien un conflicto, al parecer, menor para utilizarlo como pretexto que justifique la violencia directa contra algún proceso autonómico.

4.       El modelo Acteal también implica la difusión inmediata de que el ataque preparado no es un ataque sino un enfrentamiento. La difusión del ‘enfrentamiento’ levanta un cerco mediático que retarda la reacción solidaria y siembra la duda sobre la posible responsabilidad de la víctima.

5.       Los ataques en el ‘Modelo Acteal’ no sólo buscan agredir a una persona o grupo en específico, sino atacar los símbolos que éstas personas o grupos representan y enarbolan. En el ataque al Caracol I de la Realidad, los paramilitares destruyeron la escuela y la clínica autónoma, ambos pilares del proceso de construcción de autonomía zapatista. Además agredieron a un maestro del proceso de la escuelita zapatista; machetéandole la boca para acallarlo; baleándolo en el pecho y la cabeza para destrozar su sentir y pensar. En el ‘modelo Acteal’ asesinar no es suficiente, hay que destruir los símbolos de la resistencia.

6.       Los atacantes en el ‘Modelo Acteal’ pueden ser encarcelados, pero saben que a la larga serán liberados y el crimen quedará impune.

7.       El asesinato del compañero Galeano y el ataque al Caracol I es la punta de lanza, una agresión que espera la respuesta de los atacados y de quienes nos solidarizamos con ellos para planear el siguiente ataque.

8.       Es decir, no es casualidad, sino un proceso de ingeniería de conflictos impulsado desde alguno de los niveles del estado para fomentar acciones de guerra, de violencia, directa contra los procesos de construcción de autonomía.

Algunas notas sueltas sobre el ataque paramilitar a la Realidad y el asesinato del BAEZLN Galeano

Algunas notas sueltas sobre el ataque paramilitar a la Realidad y el asesinato del BAEZLN Galeano

•     Es terrible leer Acteal como concepto de guerra paramilitar que implica el atizamiento de conflictos para atacar los procesos autonómicos. Los ‘conflictos intercomunitarios’ en el modelo acteal implica que organizaciones respaldadas por alguno de los niveles del gobierno institucional inicien un conflicto, al parecer, menor para utilizarlo como pretexto que justifique la violencia directa contra algún proceso autonómico. El modelo acteal también implica la difusión inmediata de que el ataque preparado no es un ataque sino un enfrentamiento. La difusión del ‘enfrentamiento’ retarda la reacción solidaria y siembra la duda sobre la posible responsabilidad del atacado.

•       El ataque a los BAEZLN en el Caracol I sucedió hace casi una semana. Nuestra respuesta ha sido lenta. No sólo lenta, sino además ingenua. No logramos articular un análisis que dimensionara lo que la prensa llamó ‘enfrentamiento’. No supimos leer el peso del comunicado de la JBG, especialmente cuando menciona que llaman al CCRI a hacerse cargo de las investigaciones y de las decisiones que de allí se desprendieran. Nadie siquiera imaginamos que el EZLN suspendiera la compartición con el CNI, el homenaje a Villoro y su participación en el Seminario ‘Ética y despojo’. ¿Cómo articularnos de mejor manera para leer, prever cuando las condiciones de guerra se ciernen sobre los procesos autonómicos? ¿Cómo responder inmediatamente, con información veraz ante los ataques perpretados? ¿Cómo reaccionar ante esto? ¿Qué papel nos (me) toca en un momento de agresión como el sucedido? ¿Cómo es posible que tardemos más de una semana en sacar un comunicado de solidaridad, en encontrarnos para discutir, en enterarnos de lo que realmente sucedió? ¿Cómo?

• El ataque paramilitar al Caracol I no es casualidad. No es casualidad como tampoco lo es la guerra en Michoacán, Juárez, Tamaulipas, Guerrero, Estado de México. No es un hecho aislado, pero no logro conectar los puntos que unen estos escenarios de la misma guerra, esa guerra que los propios zapatistas han llamado la Cuarta Guerra Mundial: la guerra contra todas y todos. La guerra contra la subsistencia autónoma. La guerra para organizar el despojo. ¿Cómo unimos los distintos frentes en un análisis crítico, contextual?

• ¿Qué pensará Eduardo Galeano de que el nombre de lucha del compañero asesinado era Galeano? Recuerdo una carta que el sup Marcos envió a Galeano. En una de las posdatas le pide a Eduardo que si ve a Benedetti le diga que eso de Marcos, como nombre de lucha, quizá venga de El cumpleaños de Juan Ángel.

• En el primer número de la Revista Rebeldía Zapatista (febrero 2014), el compañero Galeano dice:

“Para mí la escuelita vi que es muy importante, porque para mí es como un medio para que podamos comunicarnos con la gente de la ciudad, para que podamos compartir nuestras experiencias… por eso digo que es como un medio, porque es así como nostros pudimos compartir los avances que hemos tenido en la autonomía, y donde ellos mismos llegaron hasta estos territorios, llegaron con las familias a compartir, a aprender. (…)“Ellos pensaban que los zapatistas estaban en las montañas, así lo dicen ellos, nunca pensaron que los zapatistas somos de carne y hueso y somos seres como ellos, que estamos en las comunidades y que nos estamos organizando.“A nivel un poco general, lo que pudimos ver de los alumnos que llegaron, para mí sí es un gran valor que le doy a esas personas que se mostraron interesados en venir a aprender de nosotros. Aparte ellos en sus preguntas, en sus comentarios expresaban que de alguna manera ellos están explotados, que ellos también sufrían lo que sufrimos los indígenas. Lo más grande es que ellos mismos decían que tenemos un enemigo en común que es el neoliberalismo y que solamente unidos podremos derrotarlo.”

¿Cuántos Atencos más, EPN?

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¿Cuántos Atencos más, EPN?

Editorial para Zigma en la Política del 07 de mayo de 2014

Pablo Reyna Esteves (@preynae)

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Cada mañana, después de prepararme un café, suelo hojear los periódicos. En las más recientes semanas, esta rutina me ha dejado un sabor de boca de insuficiencia. La velocidad con la que los encabezados saltan de las autodefensas, a las propuestas de leyes secundarias en temas energéticos, políticos o de telecomunicaciones; de las preguntas que despliega Cuarón, a  la captura o el abatimiento de algún empresario de los mercados ilegales de la droga; del asesinato de otro compañero periodista o defensor de los derechos humanos, a lo moches, casinos y el sinfín de casos impunes de corrupción; de la violencia contra los hermanos migrantes al Plan Nacional de Infraestructura; de la muerte de García Márquez al asesinato de un votán de la escuelita zapatista… Todo, todo sucediendo al mismo tiempo y yo sintiendo que habría que unir los puntos, que habría que dejar de pensar en que cada encabezado es un evento aislado, que habría que tratar leer lo que la prensa –intencionalmente o no- calla.

Son ya 13 años desde que el presidente en turno expropió sus tierras a 7 pesos el metro cuadrado. Sí, a menos de lo que cuesta un metro de jerga. Son ya 8 años desde que el presidente, el gobernador y el municipal en turno, ordenaron la represión, tortura, violencia sexual, criminalización y encarcelamiento contra su pueblo, su organización y quienes se solidarizaban con ellos. Son ya casi cuatro años desde que la SCJN ordenó la liberación de sus líderes más visibles porque fueron acusados bajo premisas falsas. Este mismo fin de semana serán dos años desde que en esta universidad, la Ibero, muchas, muchos gritamos que Atenco no se olvida.

Creo que pensar Atenco nos puede ayudar a unir los fragmentos de este nuestro México roto.

Pensar Atenco visibiliza la creciente tensión entre lo que algunos llaman proyectos de desarrollo, inversión o infraestructura y la vida comunitaria y territorial de miles de pueblos en México. Una tensión acrecentada por el interés económico que privilegia las tasas de retorno por encima de los derechos humanos. Habría que recordar que, como en Atenco, el estado es capaz de reprimir y criminalizar cuando éste anuncia una inversión sin precedentes para impulsar, por ejemplo, su Plan Nacional de Infraestructura o su Reforma Energética.

Pensemos Atenco cuando el Relator Especial de las Naciones Unidas, Juan Méndez, califica como generalizada la práctica de la tortura en México. Recordemos que en Atenco las policías no solamente asesinaron a dos jóvenes, sino que ejercieron tortura sexual -vejaciones y violaciones- contra 47 mujeres, extendiendo la violencia y represión hasta el mismo cuerpo femenino.

Pensar Atenco nos recuerda el papel de los medios de comunicación en la criminalización de la organización social y comunitaria.

Pensar Atenco evidencia la impunidad absoluta de quienes desde alguna institución del estado violan los derechos humanos de la ciudadanía. Por ejemplo, y evito la referencia a quien en 2006 era gobernador del estado de México, pero nombro a Ardelio Vargas Fosado, responsable del operativo en Atenco, quien hoy funge como Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Sí, el mismo que la semana pasada coordinó la detención de cientos de migrantes en Tabasco, operativo donde, además, fueron golpeados tres destacados defensores de los derechos humanos de los migrantes.

Atenco nos hace pensar que la guerra que vivimos en México no es solamente por el control de los territorios, trasiego y mercado de drogas, sino contra toda forma de vida comunitaria que pueda resistir a los planes del gobierno, esos planes que antes se concentraban bajo el nombre de Plan Puebla Panamá y hoy son las líneas que unen las reformas estructurales, los planes de infraestructura con la guerra que padecemos.

Hace dos años, aquí en la Ibero, antes de rechazar una entrevista en esta misma cabina, Enrique Peña Nieto asumió plena responsabilidad por lo sucedido en Atenco. ¿Cuántos Atencos más estará dispuesto a asumir durante su presidencia? Mi pronóstico es que no serán pocos.

La crisis educativa es política de estado.

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Algunas notas sueltas sobre Educación

Editorial Zigma en la Política, 23 de abril de 2014.

Pablo Reyna Esteves (twt: @preynae)

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Hemos escuchado hasta el cansancio, que la educación ha sido, es y será la mejor arma para la de transformación de la sociedad, que a través de ella construiremos sociedades más justas, equitativas, sustentables, dignas, democráticas para todas y todos los que somos y seremos. Que a través de la educación formaremos a esas niñas, niños y jóvenes que serán los arquitectos del futuro digno del cuerno de la abundancia que es México. Hemos leído y likeado en facebook tantas tantas citas inspiradoras que podríamos irnos a dormir tranquilos esperando el sueño de los justos.

Pero la realidad es que la educación, el sistema educativo mexicano, ese campo de batalla, está en una profunda crisis. La educación no cumple con sus funciones sociales: no sólo no prepara a la gente para la vida y para el trabajo, sino que, además, es fuente de exclusión e injusticia. Año con año las cifras muestran que la escuela profundiza la desigualdad social.

Para muestra, un censo. Por fin, sabemos cuántas escuelas hay en México. Por fin sabemos que el 10% no tienen pizarrón, que el 15% no tienen sillas para los alumnos, que una cuarta parte no tienen agua potable, 2 terceras partes tienen acceso a internet… También sabemos ya cuántos profesores asisten o no a sus aulas. Aunque nos hagamos patos, sabemos también que más de 7 millones de jóvenes mexicanos no pueden ejercer sus derechos a la educación y al trabajo.

¿Y los responsables de esta tragedia quiénes son? Los noticieros televisivos, voceros de las cúpulas, no dudan en señalar a los profesores. Se indignan cuando protestan en defensa de sus derechos y por visibilizar que sus hombros cargan las consecuencias de los beneficios de otros. 

Desde mi perspectiva, la crisis educativa no es casualidad, sino política de estado.

Las más recientes décadas se han caracterizado porque el estado mexicano ha abandonado su carácter social en privilegio del capital, donde ser ciudadanos es sinónimo de ser consumidor. Y la educación, entonces, es un medio para alcanzar este fin. Allí habría que buscar a los responsables, a quienes se benefician de masas corporativizadas útiles el día de la elección, quienes se benefician de que los jóvenes sin opciones emigren al norte o vendan su trabajo y su cuerpo en maquiladoras.

Y el reto es mayúsculo y profundamente político. Transformar la educación pasa por transformar la sociedad. ¿Cómo hacerlo? No sé, pero tal vez podamos aprender algunas de las lecciones que los jóvenes del mundo nos están dando en las redes y en las calles. Los jóvenes, ante el desastre, se van reconstruyendo como sujetos colectivos y políticos, que demandan y ejercen sus derechos, en pos de construir alternativas.

Papa Francisco, un paraguas

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Papa Francisco, un paraguas

Editorial para Zigma en la Política del 2 de abril de 2014

Pablo Reyna Esteves (@preynae)

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Hasta hace un año me parecía inimaginable que desde esa iglesia anquilosada surgiera humo blanco que entusiasmara al mundo. Sumida en una crisis que abarca desde sus cúpulas imperiales hasta la parroquia de la esquina, la institución iglesia ha empeñado su capital moral en intrigas, luchas de poder, corrupción, silencio cómplice, escándalos de pederastía y lavado de dinero… y se ha resguardado en sus palacios, sus cúpulas, sus dogmas medievales.

Desde allá, donde los lobos visten de púrpura, Francisco ha despertado, por lo menos, asombro y entusiasmo. Con un impecable manejo de la imagen y el lenguaje, Francisco ha sorprendido despojándose de símbolos de opulencia, ha hecho incapie en su humanidad y en su ser pecador. Ha recuperado para la iglesia un mensaje de humildad, sencillez y pobreza. De habla franca y valiente ha interpretado la crisis actual como resultado del capitalismo salvaje, de la idolatría del dinero. Ha llamado a los jóvenes indignados a salir a las calles y armar lío. Ha, también, esbozado algunas reformas de fondo en la institución: aquellas que procuran la transparencia financiera y convocó a una comisión de 8 cardenales de todo el mundo para reformar la curia.

Y aunque parezca insuficiente, lo dicho y hecho por Francisco en este primer año desde que asumió su cargo ya ha generado preocupación en la poderosa derecha católica. Su cercanía discursiva con lo planteado en el Concilio Vaticano II choca de frente con el poder que han cultivado obispos con psicología de príncipes. Esos obispos que en México disfrutan tanto de compartir mesa y vino con el gobierno y los poderes económicos y que son omisos ante fenómenos como la violencia, la migración, las desigualdades.

Pero un hombre, aunque se llame Francisco, no es iglesia. No. Las grandes transformaciones necesarias para nuestra época no vendrán desde arriba, desde Roma. Esa Roma, que detrás de la fachada, se está viniendo abajo. Si acaso, Francisco es un paraguas. Un escudo para que iniciativas desde abajo puedan respirar y transformar, poco a poco, esta iglesia en tensión entre su misión y su institución. A las bases, las parroquias les corresponden los grandes cambios, las grandes revoluciones, las que permitan el diálogo franco y profundo con la cultura contemporánea, desde los movimientos sociales que encuentran su radicalidad en la interculturalidad, la diversidad sexual, la equidad de género, el diálogo interreligioso y los derechos humanos.