Comparto esto que escribí para Prensa Ibero: http://bit.ly/Ved3ML
------------
El
fin del sexenio anterior pone término a doce años de gobiernos panistas cuyas
políticas públicas en relación con los pueblos indígenas fueron de abandono.
Este periodo logró borrar de la agenda política y mediática las luchas por la
defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas,
disminuyéndola a un simple tema de asistencia social. Desde la perspectiva
panista, las condiciones de empobrecimiento, despojo, discriminación y no
reconocimiento de los derechos de las comunidades se resolvería, en 15 minutos,
a través de programas sociales, asistencialistas y sin impacto regional. El
modelo de desarrollo que estos gobiernos impulsaron en los territorios
indígenas fue de total despojo. Para muestra, la industria minera. Desde el año
2000, las empresas mineras han recibido en concesión la cuarta parte del
territorio de país, la mayoría en territorios indígenas. El expolio
territorial, ambiental y económico no generó beneficio alguno a las
comunidades, sino que incrementó su vulnerabilidad y las resistencias y luchas
por el territorio. Las luchas y resistencias indígenas, estos sexenios, fueron
vistos como inhibidores de la inversión privada nacional y transnacional;
opositores al progreso que habrían de rendirse a cambio de un tinaco, piso
firme y oportunidades.
Desde
la campaña y durante sus primeros días, el gobierno del nuevo viejo PRI no
mostró ningún indicio de que cambiaría las políticas de sus antecesores. Sus
propuestas fueron vagas y omisas en relación al reconocimiento de los derechos
colectivos de los pueblos. El nombramiento de Nuvia Mayorga como titular
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha
sido cuestionado por diversas organizaciones indígenas. Su falta de experiencia
y conocimiento en el tema no tiene importancia frente al mérito de ser cercana
al Secretario de Gobernación Osorio Chong.
Nuevamente,
lo indígena como botín político.
Pero,
el silencio irrumpió y aguó la fiesta. Cuarenta mil bases de apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional – en su mayoría jóvenes- marcharon, en
silencio, por cinco ciudades de la geografía chiapaneca. Primero su silencio,
su caminar, su subir –todas, todos- una tarima y alzar el puño. Luego su
palabra de acompañar otros movimientos sociales, especialmente al Congreso
Nacional Indígena. Así en un cerrar y abrir de la cuenta larga del calendario
maya, México recordó sus asignaturas pendientes con los pueblos y comunidades
indígenas.
Las
reacciones no se hicieron esperar. El Congreso Nacional Indígena, los comuneros
de Cherán, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, entre otros
movimientos sociales saludaron al EZLN. Los medios de comunicación voltearon
sus cámaras a aquellos rincones olvidados de la patria y sus columnas de
opinión desempolvaron ese pendiente que se llama Acuerdos de San Andrés. La
izquierda electoral desmemoriada les reclamó su ausencia en las épocas
electorales. El gobierno estatal invitó a dialogar a los rebeldes. El gobierno
federal –luego de constatar que sí los conocen- creó con carácter de urgente la
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y abrió el telón
para la presentación estelar de la Cruzada contra el Hambre y la Pobreza.
Y
nuevamente, los movimientos indígenas, sus derechos, luchas y resistencias
encontraron la grieta a través de la cual modificar la coyuntura política y
mediática que las mantenía en un conveniente olvido. Aunque Jaime Martínez
Veloz, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de
México, ha declarado su respeto y admiración por el EZLN, llamado a aprobar los
Acuerdos de San Andrés y denunciado el despojo territorial que empresas mineras
hacen bajo el ala protectora de los tres niveles del estado a lo largo y ancho
de todo México, sus posibilidades de acción son muy reducidas. El reto
principal no será acercarse a las comunidades indígenas, sino lograr que el
propio estado esté dispuesto a modificar sus propios marcos legales y normativos para potenciar los
derechos colectivos de los pueblos indígenas. No solamente a apadrinar las
prácticas y festividades mercantilizables turísticamente, sino garantizar que
los pueblos indígenas ejerzan sus derechos a la libre determinación; a la
consulta libre, previa e informada; al uso y disfrute de su propio territorio,
incluidos los recursos naturales que allí se encuentran; a la organización de
sus propias instituciones de seguridad y justicia. Para lograrlo deberá convencer
a propios y extraños que las comunidades indígenas no son quiénes se oponen al
desarrollo y las inversiones, sino que el modo actual de impulsar a toda costa los
megaproyectos mineros, forestales, eólicos, carreteros, hídricos, turísticos
solamente han generado empobrecimiento, despojo, emigración y violencia en las
comunidades indígenas.
La
democracia, justicia y paz en este país pasa forzosamente por el reconocimiento
y respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas. Urge que se aprueben
los Acuerdos de San Andrés, se armonicen las constituciones federal y estatales
de acuerdo a los más avanzados tratados internacionales en la materia, se
generen consultas libres, previas e informadas en todos y cada uno de los
proyectos que afecten territorios indígenas, se liberen a todos los indígenas
presos políticos. ¿Por dónde empezar? Menciono algunas propuestas: por revocar
las concesiones mineras en Wirikuta, Tarahumara; detener el hostigamiento de
las empresas eólicas a las comunidades zapotecas y huaves del Istmo de
Tehuantepec; reconocer los aportes que la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias – Policía Comunitaria ha hecho a la seguridad de la Costa Chica de
Guerrero; defender las variedades de maíz criollo del embate transgénico.
De
ese tamaño es el reto. ¿Estarán a la altura o, una vez más, traicionaran su
palabra?
twt: @preynae
---------------
Entradas
