::::::::::::::::::::::::::::::::
Editorial
para Zigma en la Política del 11 de noviembre de 2013
Pablo
Reyna Esteves (@preynae)
:::::::::::::::::::::::::::
¿Se imaginan a una
docena de estados “democráticos” reuniéndose en secreto para negociar un
acuerdo vinculante de liberalización comercial total a espaldas de sus
ciudadanos? ¿Se imaginan lo que en esas mesas se estará negociando como para
que sólo 3 ciudadanos de cada país tengan acceso a esa información? ¿A quiénes
imaginan que beneficiaría una asociación comercial multilateral absolutamente
cerrada al escrutinio público? Dejemos de imaginar, porque el Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica o TPP por sus siglas en
inglés, es exactamente eso.
El TPP es más que un
tratado de libre comercio, es toda una plataforma para la liberalización total
del comercio entre EUA, Australia, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei,
Vietnam, Canadá, Japón, Chile, Perú y México- todos del área Asia – Pacífico. Estos
12 países representan alrededor del 40% del PIB mundial, del 30% del comercio
internacional y el 11% de la población mundial. Las negociaciones del TPP
iniciaron en el 2010 y desde entonces se han mantenido en el total hermetismo,
manteniendo a la ciudadanía de estos países totalmente excluida de las
negociaciones de sus 29 capítulos que abarcan temas tan variados como la
agricultura, propiedad intelectual, servicios, compras de gobierno, economía y
comercio, medio ambiente, trabajo y demás. El TPP busca la liberalización total
del comercio, la protección absoluta a las inversiones extranjeras, tribunales
independientes que diriman las controversias entre los estados y las
corporaciones, así como la ampliación de la propiedad intelectual y de
patentes. Al ser vinculante, los países suscritos al Acuerdo Estratégico
Trans-Pacífico se comprometen a modificar sus leyes nacionales y locales para
que no contravengan ningún punto del TPP.
Todo lo que conocemos
del TPP lo sabemos gracias a las filtraciones que Wikileaks ha hecho públicas
recientemente. Ahora sabemos que además de unos pocos representantes de los
gobiernos, 600 compañías estadounidenses sí tienen acceso a los documentos y el
proceso de negociación. ¿Por qué se privilegia la participación de cabilderos
de Monsanto, Wal-Mart, Chevron, Halliburton y otras trasnacionales? Simple y
llanamente, para proteger y potenciar sus intereses por encima de los derechos
de los ciudadanos.
Wikileaks filtró
solamente el capítulo de Propiedad Intelectual del TPP. Allí se muestran de
manera muy clara los intereses de las industrias farmacéuticas, biotecnológicas
y del entretenimiento. De ser firmado el capítulo de Propiedad Intelectual del
TPP en los términos del documento filtrado se limitaría nuestra libertad y
privacidad en internet, se limitaría nuestro acceso a medicamentos genéricos y
corporaciones podrían patentar alimentos, semillas y conocimientos
tradicionales.
Muy poco ha dicho el
gobierno de México en relación al TPP. Unas escasas declaraciones de Idelfonso
Guajardo, Secretario de Economía, dejan entrever que el gobierno impulsaría
exportaciones de productos de manufactura de mayor valor agregado y no
enfatizaría otros sectores, menos redituables, como la agricultura. Es decir,
seguiría la maquilarización de la economía mexicana y el abandono del campo. De
ser así, la dependencia alimentaria mexicana se incrementaría hasta un 80%,
consolidando al campo mexicano como exportador de mano de obra barata para las
maquiladoras.
El TPP plantea que las
empresas paraestatales deben de modificar su estructura para participar como
cualquier otra empresa en el libre mercado. Esto es de vital importancia para
México y explicaría la prisa del gobierno por aprobar la Reforma Energética que
modifica los artículos 27 y 28 de la Constitución para que tanto PEMEX como la
CFE compitan en el libre mercado.
Mientras las ciudadanías
de los doce países conocen mejor los acuerdos del TPP y empiezan a mostrar y
organizar su oposición, los gobiernos buscan acelerar la firma del acuerdo,
incluso sin que tenga que ser aprobado por las cámaras legislativas
respectivas, cediendo así derechos ciudadanos a los intereses económicos y
geopolíticos de Estados Unidos y sus corporaciones trasnacionales.