En colaboraciones anteriores he
argumentado que lo que estamos viviendo en México es un conflicto interno
prolongado cuyo objetivo es la apropiación de los bienes comunes en beneficio
de intereses privados a través de distintos mecanismos de control y violencia
institucional y estructural que poco a poco destruyen el tejido de la sociedad
dejándola a merced del gran capital. Cualquier grupo social que se resista al
despojo de sus ámbitos de vida es el enemigo interno que justifica el estado de
guerra. El Estado mexicano, en este escenario, ha asumido las tareas de control
y seguridad que garanticen el libre flujo del capital nacional e internacional a
lo largo, ancho y profundo de nuestro territorio. En esta democracia
capitalista realmente existente el estado está aliado, sino es que subsumido, a
los intereses de los mercados legales o ilegales incluso a costa de los
derechos humanos y ámbitos de vida de los ciudadanos.
Aunque la guerra permanente en México
sucede simultáneamente en distintos escenarios, desde Michoacán, Tamaulipas y
Guerrero hasta la sede del poder legislativo federal que a través de sus
reformas ha legalizado tanto los despojos de los bienes comunes como el
espionaje y criminalización a los ciudadanos, el estado de Puebla muy
probablemente sea el ejemplo más claro de lo aquí expuesto.
Después de 8 décadas ininterrumpidas
de gobiernos priístas, la anhelada alternancia llegó a Puebla a través de
Rafael Moreno Valle y de una oportunista alianza entre el PAN, el PRD y el
elbista Nueva Alianza. Desde su llegada a la gubernatura en 2011, Rafael Moreno
Valle ha gobernado autoritaria y despóticamente, controlando tanto al congreso
local como a los medios de comunicación del estado, despilfarrando los recursos
en obras magnánimas utilizadas para promocionar su imagen en horario estelar en
las telenovelas del canal de las estrellas. Además, Moreno Valle impulsó la
eufemísticamente llamada Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el
Uso Legítimo de la Fuerza por Parte del Elementos Policiacos del Estado, esa
misma que la vox populli bautizó como #LeyBala, para poder controlar a punta de
balazos a quienes cuestionen o protesten contra sus políticas. Esta ley
malparida cobijó la operación policial contra la población de San Bernardino
Chalchihuapan, sí, esa operación en la que fue asesinado por un impacto de bala
de goma José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años. Para el gobierno de
Moreno Valle no es suficiente asesinar legalmente, sino que ha operado todo el
aparato estatal para criminalizar a la comunidad de San Bernardino llegando al
insultante extremo de afirmar que José Luis Alberto fue utilizado como escudo
humano por su madre. Miles de pesos ha gastado Moreno Valle en campañas
mediáticas que insisten en que la policía no utilizó balas de goma – aunque haya
costales llenos de éstas en San Bernardino- y que la onda expansiva de un
cohetón fue lo que ocasionó la muerte del niño José Luis.
Si asesinar no fuera suficiente, más
de un centenar de personas –ese enemigo interno necesario en la guerra
permanente- han sido detenidas durante su gobierno por protestar contra sus
políticas de privatización del agua y de despojo a través de los megaproyectos
articulados en el Proyecto Integral Morelos.
Ya dirán los politólogos por qué la
alternancia en Puebla debilitó la democracia y los derechos humanos a la par
que reforzó el autoritarismo y despotismo con el que ha ejercido esta guerra Moreno
Valle. En mi opinión, él simplemente, está trabajando en su precamapaña
presidencial para administrar lo que nos quede de México en 2018.
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