Puebla como escenario de guerra permanente.

En colaboraciones anteriores he argumentado que lo que estamos viviendo en México es un conflicto interno prolongado cuyo objetivo es la apropiación de los bienes comunes en beneficio de intereses privados a través de distintos mecanismos de control y violencia institucional y estructural que poco a poco destruyen el tejido de la sociedad dejándola a merced del gran capital. Cualquier grupo social que se resista al despojo de sus ámbitos de vida es el enemigo interno que justifica el estado de guerra. El Estado mexicano, en este escenario, ha asumido las tareas de control y seguridad que garanticen el libre flujo del capital nacional e internacional a lo largo, ancho y profundo de nuestro territorio. En esta democracia capitalista realmente existente el estado está aliado, sino es que subsumido, a los intereses de los mercados legales o ilegales incluso a costa de los derechos humanos y ámbitos de vida de los ciudadanos.

Aunque la guerra permanente en México sucede simultáneamente en distintos escenarios, desde Michoacán, Tamaulipas y Guerrero hasta la sede del poder legislativo federal que a través de sus reformas ha legalizado tanto los despojos de los bienes comunes como el espionaje y criminalización a los ciudadanos, el estado de Puebla muy probablemente sea el ejemplo más claro de lo aquí expuesto.

Después de 8 décadas ininterrumpidas de gobiernos priístas, la anhelada alternancia llegó a Puebla a través de Rafael Moreno Valle y de una oportunista alianza entre el PAN, el PRD y el elbista Nueva Alianza. Desde su llegada a la gubernatura en 2011, Rafael Moreno Valle ha gobernado autoritaria y despóticamente, controlando tanto al congreso local como a los medios de comunicación del estado, despilfarrando los recursos en obras magnánimas utilizadas para promocionar su imagen en horario estelar en las telenovelas del canal de las estrellas. Además, Moreno Valle impulsó la eufemísticamente llamada Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte del Elementos Policiacos del Estado, esa misma que la vox populli bautizó como #LeyBala, para poder controlar a punta de balazos a quienes cuestionen o protesten contra sus políticas. Esta ley malparida cobijó la operación policial contra la población de San Bernardino Chalchihuapan, sí, esa operación en la que fue asesinado por un impacto de bala de goma José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años. Para el gobierno de Moreno Valle no es suficiente asesinar legalmente, sino que ha operado todo el aparato estatal para criminalizar a la comunidad de San Bernardino llegando al insultante extremo de afirmar que José Luis Alberto fue utilizado como escudo humano por su madre. Miles de pesos ha gastado Moreno Valle en campañas mediáticas que insisten en que la policía no utilizó balas de goma – aunque haya costales llenos de éstas en San Bernardino- y que la onda expansiva de un cohetón fue lo que ocasionó la muerte del niño José Luis.

Si asesinar no fuera suficiente, más de un centenar de personas –ese enemigo interno necesario en la guerra permanente- han sido detenidas durante su gobierno por protestar contra sus políticas de privatización del agua y de despojo a través de los megaproyectos articulados en el Proyecto Integral Morelos.

Ya dirán los politólogos por qué la alternancia en Puebla debilitó la democracia y los derechos humanos a la par que reforzó el autoritarismo y despotismo con el que ha ejercido esta guerra Moreno Valle. En mi opinión, él simplemente, está trabajando en su precamapaña presidencial para administrar lo que nos quede de México en 2018.