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¿Qué derecho nos arrebatarán el día de hoy?
Editorial para Zigma
en la Política del 21 de mayo de 2014
Pablo Reyna Esteves
(@preynae)
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En México estamos presenciando una constante y sistemática pérdida
de derechos. No solamente enfrentamos las consecuencias de una guerra cuyo
objetivo de controlar los mercados ilegales de la droga se extiende día a día
al resto de los territorios, derechos y ámbitos comunitarios y sociales de este
país. Una guerra, que si nos atenemos a
las cifras presentadas el día de ayer por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene un saldo de 25,000
desaparecidos y 250,000 desalojados de sus lugares de origen en menos de 10
años. Esto equivale a 7 desaparecidos y alrededor de 70 desalojados cada día
desde su inicio en 2005.
Por si esto fuera poco, el regreso del PRI a Los Pinos se ha
caracterizado por mover a México a espaldas de la ciudadanía, desde cúpulas
amuralladas a las que solamente tienen acceso aquellos dispuestos a pactar por
México. Un gobierno que mira súbditos en aquellos a los que supuestamente
representa; súbditos cuyo único papel y derecho es el de ver y callar la
profundización de las desigualdades sociales y la concentración del poder y
riquezas en una absoluta minoría. La simple posibilidad de que alguien
pregunte, denuncie, difunda o se organice son para el estado lujos que no puede
permitirse; amenazas de las cuales hay que defender al estado con control,
censura, silenciamiento y seguridad.
En semanas recientes hemos presenciado cómo en distintas partes del
país se han presentado iniciativas de ley que, por nuestra seguridad –así dicen
ellos-, pretenden llevar a la ilegalidad la protesta social y el uso de los
espacios públicos. En Quintana Roo, el Distrito Federal, Chiapas y Puebla ya
han sido aprobadas las leyes que restringen el derecho a protestar. Las
restricciones van desde el establecimiento de horarios, permisos, la
prohibición para utilizar vialidades primarias hasta el uso de la fuerza
pública para desalojar las manifestaciones y, como en Puebla, la posibilidad de
utilizar fuerza letal. Los argumentos legales se caracterizan por haber sido aprobados sin
mayor discusión en los congresos y por el uso de un lenguaje vago y ambiguo para
que discrecionalmente las autoridades, según el caso, decidan qué es y qué no
una “perturbación de la paz y tranquilidad de la población” o cuándo una
manifestación es “ilícita”, “un factor de riesgo", “violenta” o pone una
amenaza a “la estabilidad” social.
Estas leyes no solamente restringen un derecho, además trasmiten un
mensaje claro a los ciudadanos para inhibir cualquier participación social.
¿Por qué será que en Quintana Roo, Chiapas, Puebla y el Distrito Federal están
tan interesados en que la ciudadanía se desmovilice? ¿Será acaso que Moreno Valle,
gobernador de Puebla, ya se cansó de que la resistencia que comunidades han
dado a su proyecto de gasoducto en la Sierra le sean una piedra en el zapato
para su sueño de ser el primer candidato príista que el PAN postule a la presidencia?
¿Será que el güero no quiere más bloqueos carreteros en Chiapas que le impidan
ser el guapo de Televisa para el 2018? ¿O será que están previendo que en sus
ejercicios de gobierno impulsarán proyectos, de infraestructura, tal vez, que
serán tajantemente rechazados por los ciudadanos?
Así las cosas. En México estamos perdiendo nuestros derechos. Al
paso que vamos no es ocioso que cada mañana al despertar nos preguntemos qué otro
derecho nos arrebatarán el día de hoy.