¿Qué derecho nos arrebatarán el día de hoy?

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¿Qué derecho nos arrebatarán el día de hoy?

Editorial para Zigma en la Política del 21 de mayo de 2014

Pablo Reyna Esteves (@preynae)

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En México estamos presenciando una constante y sistemática pérdida de derechos. No solamente enfrentamos las consecuencias de una guerra cuyo objetivo de controlar los mercados ilegales de la droga se extiende día a día al resto de los territorios, derechos y ámbitos comunitarios y sociales de este país.  Una guerra, que si nos atenemos a las cifras presentadas  el día de ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene un saldo de 25,000 desaparecidos y 250,000 desalojados de sus lugares de origen en menos de 10 años. Esto equivale a 7 desaparecidos y alrededor de 70 desalojados cada día desde su inicio en 2005.

Por si esto fuera poco, el regreso del PRI a Los Pinos se ha caracterizado por mover a México a espaldas de la ciudadanía, desde cúpulas amuralladas a las que solamente tienen acceso aquellos dispuestos a pactar por México. Un gobierno que mira súbditos en aquellos a los que supuestamente representa; súbditos cuyo único papel y derecho es el de ver y callar la profundización de las desigualdades sociales y la concentración del poder y riquezas en una absoluta minoría. La simple posibilidad de que alguien pregunte, denuncie, difunda o se organice son para el estado lujos que no puede permitirse; amenazas de las cuales hay que defender al estado con control, censura, silenciamiento y seguridad.

En semanas recientes hemos presenciado cómo en distintas partes del país se han presentado iniciativas de ley que, por nuestra seguridad –así dicen ellos-, pretenden llevar a la ilegalidad la protesta social y el uso de los espacios públicos. En Quintana Roo, el Distrito Federal, Chiapas y Puebla ya han sido aprobadas las leyes que restringen el derecho a protestar. Las restricciones van desde el establecimiento de horarios, permisos, la prohibición para utilizar vialidades primarias hasta el uso de la fuerza pública para desalojar las manifestaciones y, como en Puebla, la posibilidad de utilizar fuerza letal. Los argumentos legales  se caracterizan por haber sido aprobados sin mayor discusión en los congresos y por el uso de un lenguaje vago y ambiguo para que discrecionalmente las autoridades, según el caso, decidan qué es y qué no una “perturbación de la paz y tranquilidad de la población” o cuándo una manifestación es “ilícita”, “un factor de riesgo", “violenta” o pone una amenaza a “la estabilidad” social.

Estas leyes no solamente restringen un derecho, además trasmiten un mensaje claro a los ciudadanos para inhibir cualquier participación social. ¿Por qué será que en Quintana Roo, Chiapas, Puebla y el Distrito Federal están tan interesados en que la ciudadanía se desmovilice? ¿Será acaso que Moreno Valle, gobernador de Puebla, ya se cansó de que la resistencia que comunidades han dado a su proyecto de gasoducto en la Sierra le sean una piedra en el zapato para su sueño de ser el primer candidato príista que el PAN postule a la presidencia? ¿Será que el güero no quiere más bloqueos carreteros en Chiapas que le impidan ser el guapo de Televisa para el 2018? ¿O será que están previendo que en sus ejercicios de gobierno impulsarán proyectos, de infraestructura, tal vez, que serán tajantemente rechazados por los ciudadanos?

Así las cosas. En México estamos perdiendo nuestros derechos. Al paso que vamos no es ocioso que cada mañana al despertar nos preguntemos qué otro derecho nos arrebatarán el día de hoy.