Saludos y buen camino
pablo.
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Despenalización, por el bien de la sociedad (fragmentos)
Leer la versión completa en la Revista Proceso 1591, del 29 de abril de 2007
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El legislador civil legisla para el bien de la sociedad, no para la conciencia, como el legislador eclesiástico o religioso, que ata o desata según la moralidad o la inmoralidad del acto al que se refiere. El legislador civil, más allá de su concepto de moralidad o inmoralidad del hecho en sí, debe legislar para la sociedad, para evitar o remediar un mal, o para promover un bien social.
En México se despenalizó la prostitución. La razón fue evitar los males sociales que implica. Si la prostitución no se despenaliza y no se controla por ley, se vuelve inevitablemente clandestina, y entonces es muy difícil llevar un control higiénico y médico sobre quienes la practican. El legislador civil no evalúa la moralidad o inmoralidad de la prostitución. Legisla para evitar dos males sociales: una clandestinidad que impediría el control médico y legal de ese ejercicio, y la propagación de enfermedades venéreas.
El hecho de que la prostitución sea legal no hace que sea moral. Seguirá siendo inmoral para quien así lo considere. Inclusive, el legislador civil que la legalizó puede seguir calificándola de inmoral en su conciencia. Pero él no legisla para su conciencia ni para imponer los principios morales de la religión a la que pertenece, si pertenece a alguna, o de la ideología que lo rige, si se rige por alguna. Él considera solamente el bien social que debe promover y el mal social que debe evitar. Esas son su obligación y su meta. Pero esto es lo que no se toma en cuenta en el caso del aborto. (...)
A pesar de la ley, el aborto prácticamente no se persigue y no se castiga, pero su tipificación como delito impide la existencia de sanatorios y clínicas que atiendan de manera pública y con todos los recursos sanitarios a las mujeres que deciden abortar. (...)
La única manera de ayudar a quienes abortan y de dar una solución a ese problema social es despenalizar el aborto –como se despenalizó la prostitución–, legalizarlo, sacarlo de la clandestinidad para poder enfrentarlo y remediarlo. Siquiera para conocer su magnitud real y evitar todos los males que lleva consigo, como la muerte de muchas mujeres que no abortan por maldad ni por delincuencia, sino por desesperación y porque la carga les es insoportable. No son delincuentes en realidad, pero la ley las ha hecho tales. (...)
Encima de la pena que ya tienen adentro y de la situación de gravedad que afrontan, se les impone pena legal. No es humano. Pero es lo que deberían enfrentar y solucionar los legisladores civiles, no la moralidad o la inmoralidad del aborto. Los daños sociales del aborto clandestino son inmensos. Pero su penalización no va a remediarlo ni a desterrarlo; sólo va a hacerlo más hábilmente clandestino. Así se oculta el problema a los ojos de la sociedad. (...)
Penalizar el aborto no sólo es inhumano, incongruente e ineficaz, sino que propicia severos daños a la salud y es causa de muchas muertes por condiciones médicas desfavorables.
En México se despenalizó la prostitución. La razón fue evitar los males sociales que implica. Si la prostitución no se despenaliza y no se controla por ley, se vuelve inevitablemente clandestina, y entonces es muy difícil llevar un control higiénico y médico sobre quienes la practican. El legislador civil no evalúa la moralidad o inmoralidad de la prostitución. Legisla para evitar dos males sociales: una clandestinidad que impediría el control médico y legal de ese ejercicio, y la propagación de enfermedades venéreas.
El hecho de que la prostitución sea legal no hace que sea moral. Seguirá siendo inmoral para quien así lo considere. Inclusive, el legislador civil que la legalizó puede seguir calificándola de inmoral en su conciencia. Pero él no legisla para su conciencia ni para imponer los principios morales de la religión a la que pertenece, si pertenece a alguna, o de la ideología que lo rige, si se rige por alguna. Él considera solamente el bien social que debe promover y el mal social que debe evitar. Esas son su obligación y su meta. Pero esto es lo que no se toma en cuenta en el caso del aborto. (...)
A pesar de la ley, el aborto prácticamente no se persigue y no se castiga, pero su tipificación como delito impide la existencia de sanatorios y clínicas que atiendan de manera pública y con todos los recursos sanitarios a las mujeres que deciden abortar. (...)
La única manera de ayudar a quienes abortan y de dar una solución a ese problema social es despenalizar el aborto –como se despenalizó la prostitución–, legalizarlo, sacarlo de la clandestinidad para poder enfrentarlo y remediarlo. Siquiera para conocer su magnitud real y evitar todos los males que lleva consigo, como la muerte de muchas mujeres que no abortan por maldad ni por delincuencia, sino por desesperación y porque la carga les es insoportable. No son delincuentes en realidad, pero la ley las ha hecho tales. (...)
Encima de la pena que ya tienen adentro y de la situación de gravedad que afrontan, se les impone pena legal. No es humano. Pero es lo que deberían enfrentar y solucionar los legisladores civiles, no la moralidad o la inmoralidad del aborto. Los daños sociales del aborto clandestino son inmensos. Pero su penalización no va a remediarlo ni a desterrarlo; sólo va a hacerlo más hábilmente clandestino. Así se oculta el problema a los ojos de la sociedad. (...)
Penalizar el aborto no sólo es inhumano, incongruente e ineficaz, sino que propicia severos daños a la salud y es causa de muchas muertes por condiciones médicas desfavorables.
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