Hoy también se publicó que el narcotráfico ya siembra el 30% de las tierras cultivables del país... De ese tamaño es el problema... (La Jornada, 12 de mayo de 2007)
...¿pero cómo es posible que el 30% del suelo cultivable del país esté en manos del narco? ¿cómo fue que el gobierno lo permitió? ¿o lo fomentó?...
La editorial de hoy del periódico (ya saben, el mismo de siempre) la jornada responde un poco a estas preguntas....
El grave problema de narcotráfico y crimen organizado que tiene sumido al país en un clima de incertidumbre y zozobra no sólo es producto de la acción de las mafias, de la enorme e insaciable demanda de drogas en Estados Unidos y de la corrupción de los cuerpos policiacos y otras autoridades de México: el gobierno federal también tiene una grave e ineludible responsabilidad en el avance de esta amenaza contra la seguridad nacional -que ya ha cobrado la vida de más de 960 personas en lo que va del año- por su abandono del campo.
De acuerdo con el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, el crimen organizado se ha apoderado de 30 por ciento de todas las tierras cultivables del país, lo que le ha permitido a las mafias del tráfico de estupefacientes extender los sembradíos de drogas a zonas de extrema pobreza y áreas boscosas. Para García Villalobos, esta lamentable situación se deriva de la falta de programas gubernamentales de apoyo al campo, aun cuando él mismo alertó a las autoridades sobre este peligro hace más de 15 años.
Como consecuencia de esta negligencia y falta de atención, los campesinos mexicanos se encuentran sumidos en condiciones de miseria, las cuales han sido aprovechadas por el crimen organizado para incrementar la superficie de sus narcosembradíos, proporcionando semillas y recursos monetarios a los pequeños propietarios para que cultiven drogas en sus tierras. En este contexto, los campesinos y sus familias prácticamente no tienen opción, ya que se enfrentan a la disyuntiva de sembrar estupefacientes o padecer hambre (YO AÑADIRÍA: O MIGRAR).
Esta inacción para incentivar y proteger la producción agrícola y el empleo en el campo se debe en gran parte al abandono del modelo de desarrollo social para favorecer la aplicación de medidas económicas neoliberales planeadas desde las oficinas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en concordancia con los lineamientos del Consenso de Washington.
Resulta obvio, pues, que una de las prioridades en el combate al narcotráfico es la protección de las actividades agrícolas, la cual también tendría repercusiones positivas en materia de soberanía alimentaria y reducción de la migración hacia las ciudades y Estados Unidos ante la falta de oportunidades que impera en el medio rural.
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